No hay razones para oponerse a una mejora del sistema electoral cuando éste muestra serias distorsiones y disfunciones en términos de proporcionalidad, calidad democrática de la elección o capacidad de hacerse oír del votante. Sobre todo, cuando las medidas que permiten resolver o corregir estos defectos pueden llevarse a cabo de manera eficaz, sin grandes rupturas ni costes desorbitados en ningún ámbito.La reforma sobre la Ley Electoral 275-97, emerge como uno de los temas clave de la agenda política dominicana. Aunque nunca ha desaparecido del todo del debate público, estos últimos meses han conocido un renovado interés político, mediático y social por el sistema electoral vigente, sus características, sus deficiencias y, sobre todo, las alternativas para corregirlas. Un interés que se ha reflejado, en la última elección presidencial, tras unos resultados electorales que han evidenciado de nuevo, y con mayor intensidad si cabe, la magnitud de los defectos de la actual normativa.
Las distorsiones observadas a lo largo de los años y las dinámicas perversas que se han desarrollado al amparo de la actual regulación hacen necesaria una revisión profunda y racional del modelo que refuerce la legitimidad del sistema democrático, detenga la creciente desafección ciudadana y el uso abusivo de los recursos del estado, consolidando la representatividad y la estabilidad de las instituciones.
La identificación de las distorsiones y disfunciones de la actual regulación electoral permite también plantear las modificaciones requeridas para corregirlas. Los remedios a aplicar son diferentes en función de los principios que quieran preservarse, y en muchos casos admiten diversos matices.
En una futura enmienda electoral, es necesario evitar las perversiones mencionadas y garantizar la proporcionalidad democrática, protegiendo la igualdad de condiciones de votos y partidos, y profundizar en la calidad democrática de la elección. Todo ello, manteniendo en la medida de lo posible la estructura vigente del sistema electoral, y en particular las directrices constitucionales, del todo compatibles con los principios constitucionales, al objeto de dibujar una reforma realista y políticamente asequible.
En tal sentido, y a la luz de tan necesaria reforma electoral, tenemos varias propuestas sobre la mesa, por parte de la sociedad civil, de los partidos políticos, específicamente de la posición asumida por la comisión política del Partido Revolucionario Dominicano, que propone una reforma electoral para criminalizar y sancionar efectivamente los delitos electorales; y ahora la grata y bienvenida propuesta del Juez Miembro de la Junta Central Electoral, Eddy Olivares plasmada en un documento que (me permitiré analizar más detalladamente en un artículo futuro) pretende la creación de la Oficina Nacional de Investigación de Violaciones Electorales (ONIVE), y del Procurador General Electoral, quienes no dependerán del poder ejecutivo, serán electos por concurso de oposición, y tendrán autonomía presupuestaria.
Descargue Propuesta del Magistrado Eddy Olivares
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